Los interinos de la desigualdad
Maestros de Infantil denuncian en Granada que el Decreto 302 les ha dejado «en paro»
En Madrid y en Galicia tiemblan los pilares de la Educación Pública por las reducciones de las plantillas de profesorado -de interinos- para el curso 2011-2012, lo que ha motivado una huelga de docentes de tres días.
En Andalucía, unos 3.500 maestros interinos -según fuentes sindicales- también están librando su propia guerra con concentraciones ante las delegaciones de Educación; varias manifestaciones a lo largo del tiempo; repartos de propaganda y el anuncio de un encierro aún por determinar.
Según denuncian, la puesta en marcha por parte de la Consejería de Educación del Decreto 302 ha supuesto que a los docentes con experiencia anterior al 30 de julio de 2010 se les ordene en las bolsas de trabajo por tiempo de servicio; y a los que empezaron a trabajar después se les aplica un nuevo baremo en el que se computa la nota de la oposición, la formación y la experiencia docente «en menor medida».
«El precepto ha establecido un doble rasero: aquellos que hayan trabajado antes del 30 de julio del 2010 mantienen todos sus derechos, están blindados, pues siguen ordenados en bolsa por tiempo de servicio aunque hayan suspendido el examen. Al resto, si suspenden, los expulsan directamente de la bolsa y los obligan además a hacer cada dos años cursos fantasmas que no tienen ningún tipo de calidad pedagógica», afirma el portavoz en Sevilla de la Plataforma de Profesores contra el Decreto 302, Manuel Gómez.
«El consejero dice que los que protestamos tenemos entre un cero y un 4,25. Eso es falso. Mira las notas de los que estamos aquí», insiste Vanesa Santos, la portavoz de este movimiento en Granada, que asegura en las puertas de la delegación de Educación de la ciudad de la Alhambra que la norma vulnera el principio de igualdad entre los ciudadanos. «Queremos que a todos nos traten por igual», pide a su lado María Dolores Hernández.
Los servicios jurídicos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI·F Almería, interpusieron en verano una demanda contra la orden, ya que consideran que se perjudica al profesorado interino.
La Consejería de Educación defiende que el dictamen aprobado corrige situaciones anteriores, «en las que un interino que sacaba un cero en el examen y tenía acumulada una determinada práctica, quedaba por delante de otro que sacaba un diez en el examen y tenía acumulada solo un día menos de experiencia que él; es decir el resultado del esfuerzo de la oposición valía cero», ha señalado la administración en distintos comunicados.
«La experiencia no cuenta»
Vanesa Santos, madre de un hijo y con el lagrimal obstruido de tanto llorar, aprieta con fuerza su pancarta en la que se lee: «Nota de 2009: 9,2. Siete meses de maestra. Nota de 2011: 8,8. Al INEM». También critica la granadina que, con el nuevo reglamento, de sus siete meses como profesora solo le bareman tres. «Es que a partir del 30 de junio de 2010 la experiencia no cuenta casi nada», recalca.
«En octubre de 2010, cuando entré a trabajar para la Consejería de Educación, dejé un empleo en una tienda en la que estaba indefinida. Tengo familia y un marido en el paro. En 2011 tendría que haber vuelto a sacar más de un nueve para coger una interinidad, pero con un 8,8 ya sé que no voy a trabajar. Además, con el nuevo decreto la experiencia no me contó después del 4 de abril del 2011 (día de la convocatoria de las oposiciones), es decir, que de siete meses de servicio solo me computaron tres», explica indignada la maestra.
Todos los concentrados coinciden en que los 0,5 puntos que ahora les dan por cursos - hasta un máximo de 120 horas- «se compran muy caros» porque estos títulos formativos caducan cada dos años, según establece la reforma. Esto es, el mismo curso es válido o no según la fecha en la que se realice. Además, entienden que la formación está valorada de manera excesiva en comparación con la experiencia docente, ya que un mes trabajado solo se puntúa con 0,02, «lo que supondría 0,18 por un año completo dando clases». «El nuevo baremo no armoniza experiencia y formación», recalca la portavoz del movimiento en Granada.
María Dolores Hernández (24 años) es Licenciada en Educación Infantil. En 2009, obtuvo un 8,82 en la fase de oposición y en 2010 impartió clases en colegios de Almería y Huelva. En el último proceso selectivo -el pasado verano- fue calificada con un 8,39, lo que la manda «directamente al INEM». «Debería haber trabajado desde el 1 de septiembre por mi nota y mi tiempo de servicio. Tengo amigas con calificaciones más bajas que ya están dando clases porque les han baremado más los cursos y menos el tiempo de servicio; por lo que se me han puesto en la lista por delante», denuncia.
Según la plataforma, el nuevo sistema no reconoce las veces que se han aprobado las oposiciones con anterioridad - «a pesar de decir que ahora quieren considerar las calificaciones»-, y da, sin embargo, el rango de interino blindado- «con los beneficios que eso conlleva»- a las personas que accedieron a su trabajo mediante apertura de bolsas extraordinarias sin haber superado unas oposiciones.
Para el sindicato USTEA, «Educación está actuando de una manera perversa haciendo interinos de primera, de segunda y de tercera. Además de dividir al colectivo, todo ello provoca una gran inestabilidad entre el profesorado andaluz».
La malagueña María Gil, gracias a su calificación de 9,43 en el proceso selectivo de 2009, dio clases el año pasado en siete colegios de toda Andalucía a lo largo de diez meses. En los exámenes que se convocaron el pasado verano, 'solo' consiguió un 7,73, lo que le niega «la posibilidad de ser maestra pública en el próximo bienio». «No entiendo por qué si accedimos a la misma bolsa de empleo en el año 2009, después de realizar el mismo proceso selectivo, se nos mide con dos varas diferentes, es totalmente aleatorio», abunda.
Enrique Martín, granadino, de 36 años, es profesor de Secundaria de Física y Química. En el año 2010 su nota en las oposiciones fue de un 7,5, y aunque aún no está trabajando cree que lo llamarán. En breve le aplicarán a su cuerpo docente el «fatídico» Decreto 302, por eso se une a las protestas.
«Casos pendientes»
La granadina Margarita Morales tiene 24 años y es maestra de Infantil. Estuvo contratada en un colegio privado durante algún tiempo y en el año 2009 se presentó a las oposiciones y sacó un 8,89, lo que le permitió impartir clases durante un tiempo. Este año ha obtenido un 7,75 de calificación, pero se quedará «en el paro hasta la próxima convocatoria». «Lo curioso es que fui a tramitar el desempleo, pedí mi certificado de empresa y la Junta no me había dado de baja, por lo que no pude completar los trámites. Como a muchos otros interinos me metieron en una carpeta de 'casos pendientes' y todavía estoy esperando», remata.
Sandra Megías, también de Infantil, realizó sustituciones en Sevilla y en Jerez en 2010, después de recibir un 8,8 en las oposiciones un año antes. En 2011, obtuvo un 7,22. «Ya sé que no me van a llamar en dos años. Yo también quiero recalcar la subjetividad que tienen los tribunales. Con la misma programación, aún mejorada, la primera vez que me presenté me pusieron un 10 y la segunda tan solo un 6. Cada dos años es muy difícil sacar una nota súper alta porque estás trabajando y preparando clases», describe.
Todos los mencionados son miembros de un colectivo que cree que la medida adoptada «empobrece» la calidad de la enseñanza, ya que se producirá una continua entrada y salida de docentes de las bolsas de trabajo después de cada concurso-oposición, la gran mayoría sin experiencia previa. Cuentan con el respaldo de sindicatos como CC OO, USTEA, SADI, ANPE, CSI-F,. menos de UGT, que fue la única agrupación que firmó el decreto con la administración.
Las organizaciones sindicales y los afectados exigen la derogación de esta normativa «por hacer más inestable y precario el empleo, vulnerar los derechos adquiridos y por suponer una merma de calidad en el sistema educativo público».
CC OO recuerda además que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que invalidó una propuesta de gestión de bolsas similar y que obliga a que en Ceuta todo el profesorado interino se nombre exclusivamente por la nota de examen obtenida.
En Madrid y en Galicia tiemblan los pilares de la Educación Pública por las reducciones de las plantillas de profesorado -de interinos- para el curso 2011-2012, lo que ha motivado una huelga de docentes de tres días.
En Andalucía, unos 3.500 maestros interinos -según fuentes sindicales- también están librando su propia guerra con concentraciones ante las delegaciones de Educación; varias manifestaciones a lo largo del tiempo; repartos de propaganda y el anuncio de un encierro aún por determinar.
Según denuncian, la puesta en marcha por parte de la Consejería de Educación del Decreto 302 ha supuesto que a los docentes con experiencia anterior al 30 de julio de 2010 se les ordene en las bolsas de trabajo por tiempo de servicio; y a los que empezaron a trabajar después se les aplica un nuevo baremo en el que se computa la nota de la oposición, la formación y la experiencia docente «en menor medida».
«El precepto ha establecido un doble rasero: aquellos que hayan trabajado antes del 30 de julio del 2010 mantienen todos sus derechos, están blindados, pues siguen ordenados en bolsa por tiempo de servicio aunque hayan suspendido el examen. Al resto, si suspenden, los expulsan directamente de la bolsa y los obligan además a hacer cada dos años cursos fantasmas que no tienen ningún tipo de calidad pedagógica», afirma el portavoz en Sevilla de la Plataforma de Profesores contra el Decreto 302, Manuel Gómez.
«El consejero dice que los que protestamos tenemos entre un cero y un 4,25. Eso es falso. Mira las notas de los que estamos aquí», insiste Vanesa Santos, la portavoz de este movimiento en Granada, que asegura en las puertas de la delegación de Educación de la ciudad de la Alhambra que la norma vulnera el principio de igualdad entre los ciudadanos. «Queremos que a todos nos traten por igual», pide a su lado María Dolores Hernández.
Los servicios jurídicos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI·F Almería, interpusieron en verano una demanda contra la orden, ya que consideran que se perjudica al profesorado interino.
La Consejería de Educación defiende que el dictamen aprobado corrige situaciones anteriores, «en las que un interino que sacaba un cero en el examen y tenía acumulada una determinada práctica, quedaba por delante de otro que sacaba un diez en el examen y tenía acumulada solo un día menos de experiencia que él; es decir el resultado del esfuerzo de la oposición valía cero», ha señalado la administración en distintos comunicados.
«La experiencia no cuenta»
Vanesa Santos, madre de un hijo y con el lagrimal obstruido de tanto llorar, aprieta con fuerza su pancarta en la que se lee: «Nota de 2009: 9,2. Siete meses de maestra. Nota de 2011: 8,8. Al INEM». También critica la granadina que, con el nuevo reglamento, de sus siete meses como profesora solo le bareman tres. «Es que a partir del 30 de junio de 2010 la experiencia no cuenta casi nada», recalca.
«En octubre de 2010, cuando entré a trabajar para la Consejería de Educación, dejé un empleo en una tienda en la que estaba indefinida. Tengo familia y un marido en el paro. En 2011 tendría que haber vuelto a sacar más de un nueve para coger una interinidad, pero con un 8,8 ya sé que no voy a trabajar. Además, con el nuevo decreto la experiencia no me contó después del 4 de abril del 2011 (día de la convocatoria de las oposiciones), es decir, que de siete meses de servicio solo me computaron tres», explica indignada la maestra.
Todos los concentrados coinciden en que los 0,5 puntos que ahora les dan por cursos - hasta un máximo de 120 horas- «se compran muy caros» porque estos títulos formativos caducan cada dos años, según establece la reforma. Esto es, el mismo curso es válido o no según la fecha en la que se realice. Además, entienden que la formación está valorada de manera excesiva en comparación con la experiencia docente, ya que un mes trabajado solo se puntúa con 0,02, «lo que supondría 0,18 por un año completo dando clases». «El nuevo baremo no armoniza experiencia y formación», recalca la portavoz del movimiento en Granada.
María Dolores Hernández (24 años) es Licenciada en Educación Infantil. En 2009, obtuvo un 8,82 en la fase de oposición y en 2010 impartió clases en colegios de Almería y Huelva. En el último proceso selectivo -el pasado verano- fue calificada con un 8,39, lo que la manda «directamente al INEM». «Debería haber trabajado desde el 1 de septiembre por mi nota y mi tiempo de servicio. Tengo amigas con calificaciones más bajas que ya están dando clases porque les han baremado más los cursos y menos el tiempo de servicio; por lo que se me han puesto en la lista por delante», denuncia.
Según la plataforma, el nuevo sistema no reconoce las veces que se han aprobado las oposiciones con anterioridad - «a pesar de decir que ahora quieren considerar las calificaciones»-, y da, sin embargo, el rango de interino blindado- «con los beneficios que eso conlleva»- a las personas que accedieron a su trabajo mediante apertura de bolsas extraordinarias sin haber superado unas oposiciones.
Para el sindicato USTEA, «Educación está actuando de una manera perversa haciendo interinos de primera, de segunda y de tercera. Además de dividir al colectivo, todo ello provoca una gran inestabilidad entre el profesorado andaluz».
La malagueña María Gil, gracias a su calificación de 9,43 en el proceso selectivo de 2009, dio clases el año pasado en siete colegios de toda Andalucía a lo largo de diez meses. En los exámenes que se convocaron el pasado verano, 'solo' consiguió un 7,73, lo que le niega «la posibilidad de ser maestra pública en el próximo bienio». «No entiendo por qué si accedimos a la misma bolsa de empleo en el año 2009, después de realizar el mismo proceso selectivo, se nos mide con dos varas diferentes, es totalmente aleatorio», abunda.
Enrique Martín, granadino, de 36 años, es profesor de Secundaria de Física y Química. En el año 2010 su nota en las oposiciones fue de un 7,5, y aunque aún no está trabajando cree que lo llamarán. En breve le aplicarán a su cuerpo docente el «fatídico» Decreto 302, por eso se une a las protestas.
«Casos pendientes»
La granadina Margarita Morales tiene 24 años y es maestra de Infantil. Estuvo contratada en un colegio privado durante algún tiempo y en el año 2009 se presentó a las oposiciones y sacó un 8,89, lo que le permitió impartir clases durante un tiempo. Este año ha obtenido un 7,75 de calificación, pero se quedará «en el paro hasta la próxima convocatoria». «Lo curioso es que fui a tramitar el desempleo, pedí mi certificado de empresa y la Junta no me había dado de baja, por lo que no pude completar los trámites. Como a muchos otros interinos me metieron en una carpeta de 'casos pendientes' y todavía estoy esperando», remata.
Sandra Megías, también de Infantil, realizó sustituciones en Sevilla y en Jerez en 2010, después de recibir un 8,8 en las oposiciones un año antes. En 2011, obtuvo un 7,22. «Ya sé que no me van a llamar en dos años. Yo también quiero recalcar la subjetividad que tienen los tribunales. Con la misma programación, aún mejorada, la primera vez que me presenté me pusieron un 10 y la segunda tan solo un 6. Cada dos años es muy difícil sacar una nota súper alta porque estás trabajando y preparando clases», describe.
Todos los mencionados son miembros de un colectivo que cree que la medida adoptada «empobrece» la calidad de la enseñanza, ya que se producirá una continua entrada y salida de docentes de las bolsas de trabajo después de cada concurso-oposición, la gran mayoría sin experiencia previa. Cuentan con el respaldo de sindicatos como CC OO, USTEA, SADI, ANPE, CSI-F,. menos de UGT, que fue la única agrupación que firmó el decreto con la administración.
Las organizaciones sindicales y los afectados exigen la derogación de esta normativa «por hacer más inestable y precario el empleo, vulnerar los derechos adquiridos y por suponer una merma de calidad en el sistema educativo público».
CC OO recuerda además que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que invalidó una propuesta de gestión de bolsas similar y que obliga a que en Ceuta todo el profesorado interino se nombre exclusivamente por la nota de examen obtenida.
