La plataforma CONTRA EL
DECRETO 302, se constituye a nivel autonómico en el territorio andaluz
como promotora de una iniciativa que, en desacuerdo con el citado
decreto 302/2010, plantea la urgente necesidad de establecer una
alternativa a dicho texto, tomando las medidas que se consideren
apropiadas.
Quienes firmamos este manifiesto nos mostramos contrarios al Decreto 302/ 2010, por el que se ordena la función pública docente, por entender que con este decreto se vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y se debilita la calidad de la enseñanza en Andalucía. Por ello, planteamos:
1.- Que los interinos que empiecen a trabajar con fecha posterior al 30 de junio de 2010 tengan los mismos derechos que los que comenzaron antes de dicha fecha. Entendemos que, de no llevarse a cabo esta medida, se crearían interinos de "segunda clase" sin un criterio que justificase y respaldase una actuación basada en los principios mencionados, que deberán regir los procesos de selección de personal a la función pública docente según establece la propia Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía en su artículo 26.1.
2. Que los interinos que tengan tiempo de servicio en futuros concurso-oposición no sean expulsados de la bolsa de sustitución si suspenden, como sucede ahora con los interinos/as con tiempo de servicio previo al 30 de junio de 2010, sin que esto suponga, en absoluto, un detrimento en los derechos adquiridos por éstos. Consideramos que esta expulsión supondría la precarización de la estabilidad laboral de los profesores/as suplentes, lo que a su vez conllevaría el deterioro de la calidad de la enseñanza en Andalucía, puesto que se tendrían que renovar profesorado cada dos años.
3. Que los cursos de formación permanente del profesorado, puntuables para la obtención de puntos en el baremo de la fase de concurso, no tengan caducidad de dos años. Entendemos que si la calidad pedagógica de dichos cursos sigue vigente, éstos no deberían ser desechados. Con el fin de plantear y materializar estas justas reivindicaciones, esta plataforma pondrá en marcha todas las maniobras que consideren oportunas -siempre dentro de la legalidad vigente- con el fin de lograr que a través de la justicia se conserve la calidad de la enseñanza en Andalucía.
Quienes firmamos este manifiesto nos mostramos contrarios al Decreto 302/ 2010, por el que se ordena la función pública docente, por entender que con este decreto se vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y se debilita la calidad de la enseñanza en Andalucía. Por ello, planteamos:
1.- Que los interinos que empiecen a trabajar con fecha posterior al 30 de junio de 2010 tengan los mismos derechos que los que comenzaron antes de dicha fecha. Entendemos que, de no llevarse a cabo esta medida, se crearían interinos de "segunda clase" sin un criterio que justificase y respaldase una actuación basada en los principios mencionados, que deberán regir los procesos de selección de personal a la función pública docente según establece la propia Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía en su artículo 26.1.
2. Que los interinos que tengan tiempo de servicio en futuros concurso-oposición no sean expulsados de la bolsa de sustitución si suspenden, como sucede ahora con los interinos/as con tiempo de servicio previo al 30 de junio de 2010, sin que esto suponga, en absoluto, un detrimento en los derechos adquiridos por éstos. Consideramos que esta expulsión supondría la precarización de la estabilidad laboral de los profesores/as suplentes, lo que a su vez conllevaría el deterioro de la calidad de la enseñanza en Andalucía, puesto que se tendrían que renovar profesorado cada dos años.
3. Que los cursos de formación permanente del profesorado, puntuables para la obtención de puntos en el baremo de la fase de concurso, no tengan caducidad de dos años. Entendemos que si la calidad pedagógica de dichos cursos sigue vigente, éstos no deberían ser desechados. Con el fin de plantear y materializar estas justas reivindicaciones, esta plataforma pondrá en marcha todas las maniobras que consideren oportunas -siempre dentro de la legalidad vigente- con el fin de lograr que a través de la justicia se conserve la calidad de la enseñanza en Andalucía.
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